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El mapa del mercado verde

Enviado por Ricardo Roman el 13/04/2009 a las 08:43 PM

emol. El cuidado del entorno se convierte en negocio e impulsa mercados ecosistémicos, que van apareciendo en distintas partes de América Latina. Cada trabajo realizado en la naturaleza impacta y disminuye los ecosistemas del planeta. Pero protegerlos hasta ahora no era rentable. Por años el tema fue cómo valorizar económicamente a un bien que tiene un valor mucho más amplio, entre otras cosas, presta servicios no medibles. Finalmente la necesidad se impuso y apareció una fórmula: el Pago por Servicios Ambientales (PSA). A través de ellos se pone precio al cuidado de un ecosistema, aparecen negocios que utilizan herramientas económicas para recompensar la conservación del medio ambiente. Cada día son más países, redes transnacionales, empresas y organizaciones locales, que los agregan y van tiñendo de verde el mapa de la región. El estudio de ecologistas y economistas, estima que el valor de los servicios ambientales asciende a 33 trillones de dólares por año. Por Andrea Ortega C

"Existen sólo tres países con programas a nival nacional Aunque a nivel local hay muchos, en su mayoría planes de agua financiados por usuarios y programas de secuestro de carbono mantenidos por los compradores de este material. No tenemos una cifra ahora, recién estamos haciendo un inventario, hasta el momento hemos encontrado 150", explica Stefano Pagiola, especialista en economía ambiental del Banco Mundial.

El trato de PSA es así: los habitantes de zonas con gran volumen de vegetación reciben un sueldo si cuidan el medio ambiente al utilizar sus recursos. ¿Quiénes lo financian? Las empresas, los vecinos o el Gobierno.

Desde el gobierno, la compensación puede ser en pagos directos, incentivos fiscales (compensación indirecta a través de deducciones fiscales) o mercados "cap and trade" (tope de degradación ambiental permitida por el gobierno en un área, a través de permisos o créditos). Por su parte, las empresas utilizan el pago privado directo. Además, están los programas de certificación, que con una etiqueta distinguen a los productos elaborados en forma amable con el medioambiente.

"Es una relación costo– beneficio y la idea es demostrar que la conservación es rentable", explica Doris Cordero, representante de la UICN– Sur.

Actualmente, la medida más eficaz son los mercados voluntarios, que consisten en tratos entre compradores de servicios ecosistémicos y sus vendedores que acuerdan un sistema de pago sin intermediarios. La fórmula permite que pequeños agricultores se independicen, y que frutas, decoraciones, muebles y telas de cada país salgan al mercado con la ayuda de políticas públicas y asesorías empresariales.

El objetivo es, como indica Julio Berdegue, de Rimisp que haya reglas claras donde los derechos de los consumidores y productores sean respetados.

¿En qué está Chile?

En este tema Chile recién muestra sus primeros proyectos. Ya hay conversaciones con instituciones dispuestas a pagar por la conservación ambiental, en las regiones de Los Lagos y Los Ríos, comenta Francisco Obreque, de FIA.

La puesta está en manos de las empresas. Cuando es un acuerdo entre privados, puede tomar de uno a dos años, pero cuando entra el sector estatal se demora más, declara Doris Cordero. Para otros, la solución pasa por la ley. Falta un marco regulatorio que reduzca la mayor parte de incertidumbres, dice Aldo Cerda, Gerente del Área Forestal en Fundación Chile.

FORECOS: EL BOSQUE Y LAS AGUAS

Nació en 2005 en la Universidad Austral para investigar los ecosistemas del bosque nativo y sus recursos hídricos.

Los principales resultados están en la inclusión de la perspectiva ecosistémica en la Ley de Bosque Nativo, la elaboración de un reglamento ambiental para la acuicultura y la promulgación de la Ley de Pesca recreativa, explica Francisco Morey, de Forecos

Entre sus investigaciones hay una en la cuenca del Llancahue, para determinar el costo del servicio hídrico, mediante un método que considera el caudal del estero como un insumo en la producción de agua potable.

A través de ese estudio se intentó fijar un PSA para la cuenca, pero no se concretó por la falta de marco legal. Debido a nuestra legislación, las empresas controlan el suministro y una superintendencia los regula, lo que impide aumentar o ajustar las tarifas del agua para incluir el PSA, comenta , explica Laura Nahuelhual, investigadora de la Fundación.

INFOR: EL BUEN USO DE CUENCA DE RÍO PUELO

El Gobierno, a través de Infor, incursionó en el mercado ecosistémico gracias a un PSA en Ancud que busca generar un aumento de agua potable y compensar el buen uso de este recurso en la cuenca del río Pudeto.

El estudio financiado por la Corfo y asociados tiene un costo cercano a los $250 millones y comenzaría en junio de este año.

La idea es que los propietarios de la cuenca formen una asociación para generar un contrato con una cooperativa ambiental de Ancud, que les pague por la conservación del bosque, explica Jorge Cabrera, director del proyecto del Infor. El monto de la conservación es cercano a los cien mil pesos por hectárea, para cada uno de los 20 propietarios que viven cuenca arriba. Hasta ahora un 55% de los lugareños está dispuesto a participar.

FUNDACIÓN CHILE: RECUPERAR LA VEGETACIÓN

Trabaja en el desarrollo de un sistema para programas de regulación hidrológica. Queremos fortalecer los planes de recuperación vegetacional junto con establecimientos en las cuencas, que mejoren el flujo de agua a generar, argumenta Aldo Cerda.

La apuesta transnacional

Hay también proyectos que traspasan las barreras de cada país, en los que los vínculos se establecen de acuerdo a las características geográficas.

Los programas locales son más pequeños en inversión y área de cobertura, pero probablemente son mucho más eficientes para generar servicios ambientales, comenta Pagiola.

En ellos las protagonistas suelen ser las ONG's. Son los intermediarios, ya que ponen en contacto a oferentes y consumidores de PSA, explica Julio Berdegue, del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, Rimisp.

Existen ya varios programas funcionando.

BOLSA AMAZÓNICA: POR LO PROPIO

Reúne a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela y se enfoca en promocionar y comercializar productos sustentables propios de cada zona, comprometidos a no dañar el medio ambiente. Desde 2000 ayuda a pequeños agricultores e indígenas entregándoles las herramientas para desarrollar un negocio exitoso.

En Brasil, 18 mil campesinos basan sus ingresos en este programa. En Bolivia se espera que la inversión en ecoturismo ascienda a US$ 4 mil millones 2025, y el biocomercio a US$ 6 mil millones, según la Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Turismo de ese país.

En 2006 los informes satelitales demostraron que las zonas amazónicas destruidas estaban un 50% más pequeñas que el año anterior.

AVINA: NEGOCIOS INCLUSIVOS Impulsa el desarrollo sostenible entre privados y organizaciones. Tiene 21 representaciones en América Latina y utilizan los mecanismos de mercado para ayudar a personas de bajos ingresos. A través del desarrollo de un plan de negocios inclusivos, con responsabilidad ambiental y social. Están en Chile. Utilizamos la valorización de bosques nativos como generadores de servicios ecosistémicos, que permitirían diseñar políticas de fomento a la conservación y uso sustentable, comenta Iván Salazar, analista del organismo.

PASOLAC: LADERAS DE AMÉRICA

Programa para la Agricultura Sostenible en las Laderas de América Latina que busca aumentar los ingresos de pequeños y medianos empresarios en El Salvador, Honduras y Nicaragua.

A cargo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, su objetivo es promover el uso de tecnologías de manejo sostenible de suelos y aguas, en fincas de pequeños productores. Actualmente, trabaja con más de 50 instituciones, entre alcaldías, ONG's, organizaciones gubernamentales y centros de enseñanza. Su mayor avance es la implementación de un Pago por Servicios Hidrológicos, para los tres países.

Los líderes solitarios

Sólo tres países tienen políticas enfocadas al desarrollo de mercados verdes.

COSTA RICA: EL GASTO ES PARTE DEL PRESUPUESTO

Tiene desde 1990 un marco legal para la conservación y protección de los recursos naturales, con medidas que incentivan el turismo ecológico, e involucra empresas farmacéuticas transnacionales, que a cambio de investigación preservan el entorno. El país quería revertir el cambio de uso del suelo y generó un PSA para la conservación del bosque. Además, basa su turismo en la promoción de bellezas naturales y mantiene un mercado comprometido a hacer prácticas amables con el ambiente, sobre todo hoteles, explica Doris Cordero, oficial del Programa de Bosques de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN–SUR).

Los PSA están en el presupuesto nacional. Además, reciben el 3,5% del impuesto selectivo a los combustibles. Gracias a esto tienen tres áreas dedicadas a la conservación de bosques y recursos hídricos, moderación del uso de madera y mejoras en el balance de los gases efecto invernadero.

Costa Rica, actualmente, invierte de US$ 10 a 12 millones al año en PSA, provenientes del impuesto al combustible. Esperan incrementar en US$ 15 millones anuales, gracias a las ganancias del agua y los bonos de carbono, argumenta Pagiola.

MÉXICO: US$100 MILLONES EN PROTECCIÓN

Cataloga los PSA como Bienes y Servicios Ambientales, BySA, y se clasifican según el Acuerdo General para el Comercio de Servicios (GATS). Además la Comisión Mexicana de Infraestructura Ambiental, Comia, vela por las relaciones entre gobierno y privados en proyectos dedicados al mercado verde.

El enfoque principal esta en tecnologías y productos más limpios, y gestión de los recursos naturales. De acuerdo al Sistema de Información Empresarial Mexicano, existían 6 mil 368 empresas productoras de bienes Bysa para 2005. México gasta cerca de 100 millones de dólares al año en PSA, la mayoría proviene de los recursos del agua, pero pretenden incrementarla con un sistema de pagos voluntarios, a través de un programa de recolección de fondos, explica Pagiola.

ProÁrbol es una de las organizaciones que desarrolla BySAs. Se orienta a las hidrológicas, de biodiversidad y de sistemas agroforestales. Sus incentivos evitan la deforestación y el deterioro de los bosques, por esto pagan US$ 135 anuales a los lugareños que los cuiden. Este bono se extrae de las ganancias que el gobierno obtiene por los derechos de uso de agua de la región. Estas áreas son vigiladas a través de un monitoreo satelital.

ECUADOR: MEJORAR CALIDAD DE LAS CUENCAS

Tiene un incipiente programa nacional de PSA dirigido a mejorar la situación de las cuencas, calidad y cantidad de agua potable. La razón es que en lugares como la Provincia de Oro y Tungurahua tienen constantemente estos problemas, por la erosión de suelos y escasa vegetación, a raíz de la alta la explotación de los bosques, lo que disminuye el rendimiento de los embalses, que están sobredemandados en un 40%.

Un proyecto es el de manejo de Cuencas Hidrológicas, Promach, que fija las estrategias necesarias para balancear oferta y demanda, con un PSA. Si logran expandirse más allá del piloto, invertirían cerca de $ 15 millones al año, comenta Pagiola.

Por parte de los privados, la empresa ecuatoriana Profafor es la principal fuente de proyectos para forestación y reforestación para la absorción de bonos de carbono. Apoyada por la fundación holandesa Face ha levantado tres proyectos, el último aún está en proceso de implantación.

Forma es el nombre del programa que busca fortalecer los mecanismos de desarrollo limpio en el sector forestal y de bioenergía. Es para la costa ecuatoriana y abarca 1760 hectáreas de pastos y suelos degradados para reforestar. Con esto se podrá secuestrar 754 mil 708 tCO2– equivalente para el término del proyecto, en 20 años más.

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